El Ministerio Público informó que el caso involucra un desfalco estimado en más de 92 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares).
La decisión fue adoptada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a solicitud del referido Ministerio, que investiga el entramado de corrupción desarticulado en noviembre de 2024 mediante la denominada Operación Pandora.
Entre los enviados a juicio figuran el coronel Narciso Antonio Féliz, quien se desempeñaba como encargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, entonces responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de ese cuerpo.
También deberán responder ante un tribunal de juicio Víctor Manuel Santos, Juan Luis Díaz, Ángel Rubiel Martínez y Morelbin Medina.
El Ministerio Público sostiene que los acusados participaron en maniobras para sustraer municiones, armas, explosivos y otros bienes bajo custodia de la Policía Nacional y posteriormente venderlos de manera ilícita, con lo que habrían obtenido beneficios económicos en perjuicio del Estado.
La acusación incluye los delitos de coalición de funcionarios, desfalco y asociación de malhechores, además de infracciones contempladas en la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Según el expediente, parte de las operaciones ilícitas estaban dirigidas a sacar de los depósitos oficiales proyectiles y otros materiales pertenecientes a la Policía para introducirlos posteriormente en circuitos de comercialización ilegal.
Como parte de la decisión judicial, el tribunal sustituyó la prisión preventiva que pesaba sobre Féliz, Valdez, Martínez y Medina por una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El Ministerio Público inició la Operación Pandora en noviembre de 2024, después de detectar presuntas irregularidades relacionadas con la administración y custodia de armas.
La investigación busca establecer cómo los materiales pudieron ser sustraídos de instalaciones oficiales y posteriormente colocados en el mercado ilegal, así como determinar las responsabilidades individuales dentro de la estructura señalada por los fiscales.
Con la apertura a juicio, el caso pasa a una nueva etapa en la que un tribunal deberá valorar las pruebas presentadas por la acusación y la defensa y determinar la responsabilidad penal de los imputados.
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