Según el representante de la Mesa, Rafael Méndez, desde el 1 de junio de 2019 hasta agosto de 2026 ocurrieron miles de despidos que afectaron el entorno familiar de las personas cesadas, quienes deben buscar un nuevo lugar para su sustento, reseñó La Prensa Gráfica.
Méndez expuso que las cesantías impactan en el derecho al trabajo, a la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y otros para su entorno.
No hay una pronta y cumplida justicia ante los despidos injustificados o arbitrarios, pues el gobierno ha quebrado la independencia judicial, las personas siguen esperando su indemnización y en ocasiones, su reinstalo, apostilló Méndez.
Por otra parte, el Movimiento de Trabajadores Despedidos precisó que entre 2025 y 2026 se suprimieron 23 mil 443 plazas de trabajo en diferentes instancias gubernamentales, que incluyen la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y otras.
Otras cuatro mil 650 personas fueron despedidas del Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica, Casas de la Cultura, empleados municipales de San Marcos, Ayutuxtepeque, Panchimalco y otras entidades.
En tanto, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña (Conadesa) reveló también existen denuncias por indemnización incompleta a los trabajadores despedidos del sector salud a finales del 2025.
El vocero de Conadesa, Juan Carlos Hernández, recordó que ascienden a ocho mil los trabajadores de salud afectados con los despidos a nivel nacional y que continúan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para revisar las indemnizaciones.
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