Según precisó, las operaciones encubiertas pueden estar contempladas en la legislación, pero su utilización con fines políticos constituiría una vulneración de derechos fundamentales.

El jurista explicó al diario La Estrella de Panamá que ninguna actuación de los agentes puede desconocer garantías como el debido proceso, la libertad sindical, la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la intimidad.

El Código Procesal Penal, mediante la Ley 63 de 2008, establece que las operaciones encubiertas deben formar parte de investigaciones dirigidas a recabar evidencias sobre hechos punibles, aclaró.

Agregó que las autoridades panameñas deben observar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana

La Ley 121 de 2013, sobre delincuencia organizada, también contempla las operaciones encubiertas como una técnica especial de investigación, sujeta a autorización fiscal y control judicial.

De acuerdo con evidencias presentadas ante una relatoría de Naciones Unidas, organizaciones de la alianza Pueblo Unido por la Vida, integrada por sindicatos, estudiantes, ambientalistas y docentes, habrían sido infiltradas por policías que se hicieron pasar por activistas.

Los grupos sociales sostienen que los agentes pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y que las acciones incluyeron vigilancia, hostigamiento y presunta fabricación de pruebas, incluso contra familiares de dirigentes.

Las organizaciones denuncian que esas actividades se realizaron sin orden judicial, mientras la Policía Nacional sostiene que sus agentes encubiertos actuaron dentro del marco legal.

La exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez consideró por su parte que las operaciones encubiertas son herramientas utilizadas por los Estados, pero advirtió que no constituyen una autorización para infiltrar organizaciones sin razones sustentadas en indicios graves.

A su juicio, este tipo de mecanismos debe responder a la protección de bienes jurídicos relevantes, como infraestructuras críticas o la seguridad de funcionarios, y ponerse en conocimiento del Ministerio Público (MP).

Gómez llamó además a esclarecer la situación mediante una eventual investigación del MP, particularmente ante la tensión social generada por recientes protestas contra la reforma de la seguridad social, la actividad minera y el proyecto de embalse de río Indio.

Hasta la fecha, la Fiscalía no ha confirmado si admitió la denuncia penal relacionada con las presuntas infiltraciones.

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