La liberación del dinero fue obtenida por la Procuraduría General del territorio (PGE-RJ), después de una acción penal presentada por el Ministerio Público Federal.

Del monto recuperado, precisó agencia Brasil, 114 millones de reales (22 millones de dólares) serán destinados a la seguridad pública, incluida la adquisición de vehículos blindados, mientras el resto pasará a la Contraloría General estatal.

Tales recursos están listos para su utilización, comunicó la PGE-RJ, que actuó para conseguir el levantamiento de las restricciones judiciales que mantenían los valores indisponibles.

El procurador general del estado, Bruno Dubeux, destacó la actuación conjunta de las instituciones involucradas en el proceso de recuperación de los fondos.

A juicio de Dubeux, la coordinación entre los organismos resulta necesaria para proteger el patrimonio público y garantizar que los recursos recuperados sean destinados a áreas consideradas estratégicas para la administración estatal.

La recuperación se suma a otras iniciativas recientes de la Procuraduría de Río de Janeiro con el fin de obtener recursos vinculados a procesos judiciales por irregularidades y daños ocasionados a las arcas públicas.

En septiembre pasado, la PGE-RJ consiguió una decisión que permitió al estado recuperar recursos relacionados con ilícitos que provocaron perjuicios a la salud pública.

De acuerdo con la Procuraduría, se trató de la primera ocasión en la cual el estado consiguió levantar recursos en ese sector, donde todavía tramitan otros procesos considerados relevantes sobre irregularidades.

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