El proyecto legislativo fue aprobado, la víspera, por la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa y de ratificarse liquidaría la UTE este 31 de diciembre.
La propuesta prevé la transferencia de bienes al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, así como el otorgamiento de indemnizaciones de un salario por cada año de servicio activo hasta un límite de 24 pagos si oscilan entre 408,80 y 900 dólares; y hasta 12 salarios si este es igual o superior a 901 dólares, cifra a pagar en los primeros tres meses de 2027.
De acuerdo con el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, la UTE tiene 43 empleados, y hasta el momento no está definido cuántos serían despedidos.
La ley propone el traslada el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la UTE al Ministerio de Seguridad Pública.
Villatoro aseguró que esta entidad fue creada para hacer viable la creación de los códigos penal y procesal penal de 1998, al tiempo que recordó que la UTE funcionaba con los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) cuyo presupuesto asignado para 2026 es de 2,4 millones de dólares los cuales se utilizarían para las liquidaciones necesarias.
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