La organización celebrará una asamblea el próximo 25 de septiembre para decidir si lleva adelante la paralización, por lo que hasta ahora no existe una fecha definida para la protesta.

Los representantes del sector demandan mayores controles sobre esos negocios y reclaman que todos los establecimientos cumplan las disposiciones fiscales, aduaneras y laborales vigentes.

El planteamiento ocurre mientras el Gobierno intensifica las verificaciones a estos locales comerciales.

El presidente Luis Abinader informó que más de 40 auditorías están en curso para determinar si cumplen sus obligaciones fiscales y el pago de los impuestos correspondientes.

Por su parte, el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, informó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha efectuado más de 60 fiscalizaciones, dirigidas a comprobar el acatamiento tributario, el origen de las mercancías y las operaciones de los negocios.

El funcionario aclaró que esas acciones no obedecen a la nacionalidad de los propietarios, sino a la aplicación de las mismas normas a todos los contribuyentes.

Las inspecciones también abarcan aspectos relacionados con las grandes instalaciones comerciales, como la titularidad de los inmuebles, los permisos de construcción y el origen de los materiales empleados, con participación del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

La FDC sostiene que la situación afecta a los negocios dominicanos y reclama una actuación estatal que garantice condiciones de competencia similares.

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