En un pronunciamiento divulgado por sus canales oficiales, la entidad refirió que si bien la autonomía universitaria no significa extraterritorialidad ni convierte a estas instituciones en espacios excluidos de la Constitución, la ley o de la actuación legítima de las autoridades, existen circunstancias excepcionales en las cuales se puede intervenir.

Recalcó, por ejemplo, que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la Fuerza Pública a los campus.

“Se trata de expresiones legítimas de la comunidad universitaria y del derecho de estudiantes a reunirse y manifestarse pacíficamente”, aseveró.

Para la Defensoría, resulta indispensable evitar interpretaciones amplias que terminen equiparando la inconformidad con conductas violentas o delictivas y llamó a priorizar el diálogo, la mediación y la persuasión en los escenarios relacionados con la movilización.

“La historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios. Proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos; garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos”, sentenció.

El pronunciamiento ocurre a una semana de que el mandatario, Abelardo de la Espriella, aseguró que “cuando existan hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden” intervendrán las autoridades en los centros de altos estudios y añadió que la Policía será la primera en acudir.

El anuncio del presidente fue rechazado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según expusieron en un comunicado conjunto, el mensaje estigmatiza la movilización estudiantil universitaria, asociándola al “vandalismo” y al “terrorismo urbano”.

“Las universidades son espacios fundamentales para el ejercicio de las libertades de expresión, reunión, asociación, pensamiento y protesta. Su protección constituye una obligación del Estado en una sociedad democrática”, plantearon.

La comunicación fue suscrita por una veintena de asociaciones entre las cuales se hallan el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y la Comisión de Juristas.

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