Según el informe legislativo, el mandatario comunicó su decisión mediante una carta enviada a la presidenta de la AN, Shirley Castañedas, en la que sostuvo que, aunque el proyecto perseguía un objetivo social legítimo, algunas de sus disposiciones vulneraban la legislación y la Constitución.
La iniciativa modificaba la Ley 6 de 1987 y contemplaba descuentos de 50 por ciento de lunes a jueves y de 40 por ciento los viernes, sábados y domingos sobre tarifas regulares y promocionales de hospedaje.
El proyecto, aprobado en tercer debate el pasado 27 de agosto con 47 votos, buscaba actualizar los beneficios de los adultos mayores ante el incremento del costo de vida.
La propuesta generó diferencias entre organizaciones de jubilados y representantes empresariales, especialmente por el posible impacto de los nuevos descuentos sobre las micro y pequeñas empresas.
Ante esa situación, Mulino convocó a una mesa de diálogo con jubilados, empresarios y funcionarios para buscar alternativas al texto aprobado. En la segunda reunión se analizaron ajustes al esquema de beneficios y la posibilidad de priorizar servicios de mayor utilidad para los adultos mayores.
Entre las opciones discutidas figuraron descuentos en electricidad, transporte público, telefonía, servicios de salud y artículos como pañales para adultos mayores, sillas de ruedas y andaderas.
También se planteó revisar los beneficios relacionados con turismo y hotelería, al considerar que algunos de esos servicios no llegan directamente a los jubilados con mayores necesidades.
Por otra parte, el mandatario objetó parcialmente el proyecto de ley 594, relativo al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la AN.
La iniciativa introdujo modificaciones a las normas que regulan el funcionamiento del Legislativo y fue aprobada tras incorporar más de un centenar de propuestas durante su discusión.
Las reformas habían generado cuestionamientos de sectores de la sociedad civil por disposiciones relacionadas, entre otros asuntos, con la asistencia de los diputados, la gestión de obras comunitarias y el nombramiento de familiares.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y Transparencia había solicitado al Ejecutivo objetar el proyecto por considerar que algunas de sus disposiciones podían desnaturalizar las funciones constitucionales de los diputados y favorecer prácticas de clientelismo político.
Con ambos vetos, los proyectos regresan al Órgano Legislativo para el trámite correspondiente.
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