La jefa del Ejecutivo afirmó ayer, durante sus intervenciones en los programas televisivos Cinque minuti y Porta a Porta, que no interpretó las declaraciones de Mattarella como una crítica directa a su mandato, sino como una coincidencia en el objetivo de evitar la concentración de estudiantes que no dominan el italiano en determinadas clases.
Meloni recordó, además, que Mattarella, cuando fue ministro de Educación en 1990, promovió una circular que recomendaba distribuir a los alumnos extranjeros entre diferentes clases para favorecer su integración lingüística.
Según la mandataria, aquella orientación constituye un antecedente de la propuesta que actualmente impulsa su Ejecutivo.
El planteamiento gubernamental establece un límite del 30 por ciento, aunque el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, precisó que la futura regulación estará dirigida fundamentalmente a estudiantes extranjeros que no conozcan el italiano, especialmente recién llegados al país.
La propuesta contempla excepciones en zonas donde exista una elevada concentración de población inmigrante o no haya centros escolares alternativos próximos.
El Gobierno prevé llevar el decreto al Consejo de Ministros mañana jueves y anunció 14 millones de euros destinados a reforzar la enseñanza del italiano cuando no sea posible trasladar a determinados alumnos a otros centros.
La causa de la controversia se encuentra en las palabras pronunciadas el lunes por Mattarella durante la inauguración del curso escolar en Amatrice, donde dijo que la escuela constituye una de las principales herramientas de integración para quienes llegan de otros países y para los jóvenes nacidos en Italia de familias inmigrantes.
El jefe de Estado defendió una institución educativa abierta a todos, capaz de “no formar guetos” ni levantar barreras.
Las declaraciones presidenciales fueron interpretadas por distintos sectores políticos como una advertencia sobre los riesgos de una aplicación rígida del límite propuesto por el Ejecutivo.
Desde el Gobierno, en cambio, Meloni sostuvo que una distribución más equilibrada de los estudiantes puede contribuir precisamente a impedir la creación de guetos, al facilitar la integración lingüística.
El debate se concentra ahora en el alcance concreto de la norma, sus excepciones y la forma de garantizar que la distribución de alumnos contribuya a la integración sin generar nuevas dificultades para las familias y los centros educativos.
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