Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional(parlamento), en el marco de las vistas para el presupuesto de 2027, Méndez informó que el 60 por ciento de los primeros 80 casos auditados por la Contraloría General de la República no logró sustentar el uso de los fondos recibidos.

Según los datos expuestos por la funcionaria, esos expedientes acumulan una lesión patrimonial documentada superior a 44 millones de dólares.

Méndez precisó además que la AND presentó 353 denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con la denominada descentralización paralela, después de revisar la documentación entregada por personas y entidades beneficiarias de las transferencias.

Los casos corresponden a un universo de recursos cercano a los 300 millones de dólares que, de acuerdo con la funcionaria, fueron transferidos sin un manual de procedimientos y con información insuficiente acerca de su utilización.

La directora explicó que, al asumir el cargo, solicitó a los responsables justificar el destino de los fondos y estableció un plazo de tres meses para presentar los documentos correspondientes.

La revisión encontró expedientes completos, otros con información parcial y casos en los que no fue posible acreditar el empleo de los recursos.

Incluso, relató, algunos beneficiarios presentaron cajas con cheques y talonarios como respaldo de los gastos realizados.

Por otra parte, aclaró que la AND no realiza las auditorías ni determina la existencia de delitos. Su función consiste en revisar la documentación disponible y remitir al Ministerio Público los casos en los que no se logró justificar el uso del dinero, mientras corresponde a la Contraloría establecer mediante sus auditorías si hubo afectación patrimonial.

La ruta institucional de las denuncias generó igualmente cuestionamientos durante la comparecencia, debido a que la AND remite los expedientes a la Fiscalía y esta puede solicitar posteriormente las auditorías correspondientes a la Contraloría.

Los diputados Luis Duke y Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, plantearon la necesidad de reforzar la fiscalización y cuestionaron que recursos públicos sean destinados a actividades consideradas de escasa prioridad frente a las necesidades de las comunidades.

La funcionaria insistió, no obstante, en que una denuncia no equivale a una imputación ni determina responsabilidad penal, por lo que corresponde a las investigaciones y auditorías establecer eventuales responsabilidades. El debate adquiere relevancia ante el incremento previsto de los recursos destinados a los gobiernos locales. Para 2027, la AND contempla un presupuesto de 296,4 millones de dólares, mientras los aportes estatales a los gobiernos locales alcanzarían 286,7 millones, frente a 221,5 millones en 2026 y 188,8 millones en 2025.

La propia Asamblea Nacional señaló que la mayor parte de los recursos asignados a la AND no es operada directamente por su sede central, sino transferida a los gobiernos locales.

La institución sostiene que esos fondos buscan atender necesidades comunitarias. Solo entre enero y junio de 2026, según datos oficiales de la AND, las transferencias permitieron impulsar dos mil 891 proyectos de inversión municipal por 97,1 millones de dólares en áreas como vialidad, infraestructura, deporte, educación y abastecimiento de agua.

El desafío planteado durante las vistas presupuestarias consiste así en conciliar la creciente transferencia de recursos hacia municipios y juntas comunales con mecanismos más estrictos de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización, a fin de garantizar que el dinero público llegue efectivamente a las comunidades para las cuales fue destinado.

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