La investigación, con el nombre de El derecho de ir, venir y vivir, fue realizada por Indique, consultoría especializada en diversidad e inclusión racial, junto a la organización feminista Think Eva y la empresa 99.

Basado en entrevistas con 564 mujeres de entre 18 y 60 años, diferentes clases sociales y regiones del país, el análisis mostró que el 39 por ciento ya renunció a una oferta laboral u otra oportunidad profesional debido a dificultades para desplazarse.

En el ámbito educativo, el 21 por ciento declaró haber desistido de alguna capacitación, curso o carrera universitaria debido a obstáculos para llegar al lugar donde se desarrollaba la actividad.

La inseguridad y la violencia constituyen el principal problema señalado por las participantes en el sondeo, con el 32 por ciento de las menciones.

Después aparecen la falta de dinero, con 22 por ciento, la precariedad del transporte público (15), y la distancia entre el hogar y el destino (14).

Por otro lado, el 87 por ciento de las mujeres consultadas manifestó evitar determinados barrios o regiones y el 73 por ciento planifica los horarios de sus desplazamientos para reducir la exposición a situaciones de riesgo.

Como parte de esas estrategias, el 63 por ciento evita determinados medios de transporte y el 60 por ciento cambia de ruta para culminar los desplazamientos.

El acoso sexual constituye otro factor que condiciona la movilidad femenina, pues el 89 por ciento de las consultados refirió haber sufrido algún episodio de ese tipo durante sus traslados.

Los autobuses fueron señalados como el medio de transporte donde más se presentan esas situaciones, con el 68,8 por ciento de los comentarios, seguidos por las caminatas (60,8) y el metro o tren (50,2).

Dicha situación está atravesada, además, por las desigualdades económicas: el 68 por ciento de las consultadas carece de vehículo propio y el 52 por ciento emplea más de una hora diaria en movimientos.

El transporte solicitado mediante aplicaciones digitales también forma parte de las estrategias para enfrentar las dificultades; pero el 67 por ciento de las mujeres residentes en periferias y zonas con deficiencias estructurales considera elevado el costo de ese servicio.

Tal investigación abordó asimismo las responsabilidades de cuidado: el 54 por ciento de las participantes afirmó asumirlas en solitario, incluyendo acompañar a hijos, adultos mayores o personas con discapacidad, asistir a consultas médicas, y realizar compras.

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