La determinación pone fin a una disposición vigente desde 1940, contenida en el artículo 181 del Código Penal, que eximía de sanciones a personas que cometieran determinados delitos contra el patrimonio de sus cónyuges y familiares.

Tal norma, conocida jurídicamente como excusa absolutoria, permitía que el cónyuge que incurriera en delitos como hurto, robo, extorsión, apropiación indebida, estafa o fraude contra los bienes y recursos financieros de su esposa quedara libre de castigo penal.

El fallo de la máxima corte consideró incompatible esa inmunidad con la Constitución de 1988, al entender que su aplicación en situaciones de violencia contra las mujeres vulneraba principios fundamentales como la dignidad humana y la igualdad de derechos entre hombres y féminas.

Este proceso comenzó la víspera, cuando el ministro José Antonio Dias Toffoli, relator del caso, presentó su voto favorable a retirar esa protección legal, y los restantes integrantes de la Corte acompañaron su posición durante la sesión de este jueves.

La ministra Cármen Lúcia, única mujer entre los integrantes del STF, señaló que la violencia patrimonial continúa presente en la vida cotidiana de numerosas brasileñas.

Mencionó situaciones en las que féminas, incluso servidoras públicas, entregan íntegramente sus salarios a sus compañeros para evitar conflictos, lo cual evidencia las relaciones de dependencia económica que pueden establecerse dentro de los hogares.

Por su parte, el ministro Alexandre de Moraes recordó que la disposición tiene raíces históricas en un modelo familiar patriarcal, que otorgaba al hombre una posición de autoridad sobre los demás integrantes de la familia.

Las acciones que dieron origen al proceso fueron presentadas por la Asociación Nacional de los Miembros del Ministerio Público (Conamp) y el Partido Verde, que cuestionaron la compatibilidad de esa inmunidad con las garantías constitucionales y los mecanismos de protección de las mujeres.

También, la Abogacía General de la Unión defendió el fin de la exención penal, al considerar que mantenerla suponía una vulneración de la dignidad humana y de la igualdad conyugal.

Dicha decisión, expusieron medios de prensa como la Agencia Brasil, representa un avance en el reconocimiento de la violencia patrimonial como una manifestación de la violencia doméstica y familiar, contemplada en la Ley Maria da Penha.

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