La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, manifestó que conoció la muerte en custodia policial de Donovan Balanta, un afrodescendiente de 34 años, en hechos ocurridos el 21 de septiembre.

El organismo se refirió a la gravedad del acontecimiento, que tuvo lugar en una localidad de Bogotá, y recordó la existencia de principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego y el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Asimismo, exhortó a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Imágenes divulgadas por medios locales revelan que Balanta fue golpeado y pateado por varios policías mientras permanecía en el piso después de haber sido sometido y tras recibir descargas con un dispositivo electrónico conocido como taser.

Tras las denuncias del incidente, la Policía Nacional informó en un comunicado que dispuso la separación del cargo de siete uniformados y abrió una “investigación disciplinaria”.

También la Defensoría del Pueblo expuso una denuncia sobre hechos ocurridos el 22 de septiembre en zona rural de La Macarena, Meta, durante un operativo de la Fuerza Pública, y por el cual habría fallecido el campesino Luis Carlos Mojica y una mujer resultó víctima de graves afectaciones “contra su dignidad e integridad”.

En su alerta, la entidad solicitó al Ejército detalles de lo sucedido, a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

“Pedimos al Ministerio de Defensa activar también sus controles internos, verificar los hechos y, de ser el caso, adoptar las medidas para prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos”, apuntó el organismo.

Según relató el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Mojica se encontraba desarmado y no representaba una amenaza para los uniformados presentes en el lugar.

Tomó nota igualmente la organización de testimonios de pobladores sobre graves afectaciones contra una familia campesina, incluida la presunta retención y agresión contra una mujer, así como la presencia de niños durante los hechos.

A propósito de este suceso, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Gabriel Becerra afirmó que la actual administración no “puede convertir cadáveres en propaganda ni volver a una lógica de seguridad medida en bajas”.

“Le exigimos al Gobierno publicar las directivas y métricas con las que evalúa los resultados operacionales y excluir expresamente el conteo de bajas como indicador de éxito. Las garantías de no repetición tienen que demostrarse con hechos”, aseveró en su cuenta de X.

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