La norma aprobada establece que la Armada salvadoreña podrá “emprender actividades consideradas necesarias por la misión” según los Convenios de Ginebra y sus protocolos, los cuales establecen límites a la actuación de militares sobre el respeto a civiles, detenidos, heridos y personas que no participan en hostilidades.
A su vez autoriza al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a realizar los “arreglos que sean necesarios” para evitar que su personal sea entregado o transferido a ningún tribunal internacional, entidad o Estado para ser juzgado sin perjuicio del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el país.
Condiciones similares a las establecidas en el decreto anterior cuya fecha de vencimiento es el 1 de octubre de 2026.
Precisa la legislación que la misión está compuesta de “aeronaves de alta completamente equipadas para misiones específicas con protección de otras aeronaves propias”, el despliegue de “personal civil y militar de acuerdo con las necesidades de la misión” para colaborar “en las diferentes tareas” desarrolladas en Haití.
La víspera, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovó por seis meses (hasta marzo de 2027) el mandato de la GSF aprobada por un año al sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
El 30 de septiembre del 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la GSF por un mandato de 12 meses para desmantelar bandas armadas y sustituir la misión de apoyo a la seguridad liderada por Kenya, autorizada en octubre de 2023 y limitada de recursos.
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