Mediante un pronunciamiento, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores reiteraron el compromiso de la administración con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, y condenaron todo acto de violencia contra buscadores e integrantes de colectivos de búsqueda.

Al referirse a un comunicado emitido por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno compartió información sobre los esfuerzos emprendidos para atender esta problemática.

Precisó igualmente que estos expertos ejercen su mandato a título personal y de manera independiente, por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Acorde con la fuente, el Estado reconoce que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, y apuntó que, para atenderlos, se han implementado y fortalecido acciones, reformas legales y políticas públicas dirigidas a combatir este delito.

“La atención a la desaparición de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales, y el Gobierno de México mantiene plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados”, aseveró.

En este contexto, precisó que “la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras” y “cada caso de desaparición es importante y se atiende con la debida diligencia”.

El Gobierno insistió en que el país cuenta con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este ilícito, que incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, trabaja para que ninguna agresión quede impune y para ampliar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

Entre las acciones para consolidar la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, sobresale la creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.

También la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad, así como el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado.

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