Señaló la asociación que la norma pretende establecer mecanismos de caracterización y un sistema nacional de información sobre las Guardias Indígenas, y exigió al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier medida que vulnere el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, colectivos y territoriales de las comunidades originarias.

“La Guardia Indígena es una expresión histórica, colectiva y comunitaria de los pueblos indígenas, que nace desde los territorios y se fundamenta en la espiritualidad, la cosmovisión, el derecho propio, ley de origen, la autonomía y la auto determinación”, remarcó el CRIC en su comunicado.

Apuntó además que la existencia de ese mecanismo no deriva del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado, sino del mandato de las comunidades y autoridades tradicionales, como parte de sus procesos organizativos y de gobierno propio.

A continuación subrayó que la creación de un sistema de información sobre las Guardias Indígenas, presentada como herramienta administrativa o de reconocimiento, así como las medidas de garantía y protección que le corresponden al Estado, no deben de ser condicionadas a la entrega de datos.

La obligación estatal, refirió, es garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sin desconocer la autonomía y la autodeterminación, sustentadas en el bloque de constitucionalidad y la Constitución Política.

“Este tipo de acciones que plantea el Gobierno generan un riesgo latente, dicha información podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria”, alertó el CRIC.

La Guardia Indígena, puntualizó, se debe a sus comunidades y autoridades ancestrales y no hacen parte de las políticas de gobiernos de turno.

A modo de conclusión, la organización hizo una llamado a la unidad y a la defensa de “nuestro tejido histórico de resistencia como pueblos indígenas hermanos”.

A propósito de la denuncia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que la Guardia Indígena no precisa de vigilancia, caracterización o administración por el Estado.

“Necesita garantías para seguir protegiendo la vida y el territorio”, aseveró.

La Guardia Indígena está compuesta por adultos, jóvenes y niños de los pueblos indígenas organizados voluntariamente para cuidar sus comunidades. No usan armas de fuego y no reciben entrenamiento militar. Su símbolo de autoridad es el bastón de mando (o chonta).

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