En la primera vuelta del 4 de octubre el electorado realizará seis elecciones en una misma jornada: diputado federal, diputado estatal o distrital, dos senadores, gobernador y presidente, mientras una eventual segunda vuelta para los cargos ejecutivos está prevista para el 25 de octubre.

La dimensión legislativa será decisiva para el próximo gobierno, cuando la Cámara de Diputados cuenta con 513 escaños que serán renovados en su totalidad, mientras el Senado Federal tiene 81, de los cuales 54 estarán en disputa, dos por cada estado y el Distrito Federal.

Mientras los diputados federales representan a la población y participan en la elaboración de leyes, el control del Ejecutivo y la aprobación del presupuesto federal, los senadores representan a los estados y cumplen, además, funciones exclusivas como aprobar determinadas autoridades y procesar y juzgar al presidente en los casos de crímenes de responsabilidad.

La composición del Congreso adquiere especial relevancia porque ningún presidente puede convertir automáticamente su programa electoral en políticas públicas, sino que precisa construir mayorías, mediante partidos, federaciones y alianzas, dentro de un sistema político caracterizado por la fragmentación.

Una proyección publicada por el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP) prevé cambios en la Cámara para 2027.

En un escenario medio, el estudio proyecta que la Federación Unión Progresista, integrada por el Partido Progresista (PP) y Unión Brasil, alcanzaría 107 diputados, y el Partido Liberal (PL) tendría 91.

Mientras tanto, la Federación Brasil de la Esperanza, formada por Partido de los Trabajadores (PT), Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y Partido Verde (PV), llegaría a 87 asientos, el Partido Social Democrático (PSD) a 52 y Republicanos a 48.

En los extremos de las estimaciones, la Federación Unión Progresista oscilaría entre 93 y 121 escaños; el PL, entre 78 y 103; y PT-PCdoB-PV, entre 74 y 100.

Tales cifras muestran por qué no resulta suficiente observar qué fuerza obtiene la mayor bancada, ya que los intervalos se superponen y la composición definitiva dependerá de los votos obtenidos en cada estado y de las reglas del sistema proporcional.

A partir de esa distribución, las alianzas y bloques parlamentarios que se formen después de las elecciones determinarán buena parte de la correlación de fuerzas dentro del Congreso.

El escenario también contempla renovación significativa, aunque inferior al promedio histórico. De los 513 diputados actuales, 438 buscan la reelección y el DIAP estima que entre 297 y 315 podrían conservar sus puestos.

A su vez, el Senado introduce otra variable, ya que se trata de un espacio en el cual los legisladores tienen un mandato de ocho años –frente a cuatro de los diputados- y en estos comicios estarán en juego 54 de sus 81 bancas, equivalentes a dos tercios de la Cámara Alta.

La elección senatorial tendrá especial peso porque una parte importante de los actuales ocupantes de las bancas en disputa no continuará como titular en 2027. El Senado informa que, de los escaños sometidos a votación, al menos 22 cambiarán de titular independientemente del resultado de los comicios.

Para el próximo Ejecutivo, por tanto, será relevante no solamente quién llegue al Palacio de Planalto, sino la relación que consiga establecer con las dos cámaras del Congreso.

Las elecciones también definirán los gobiernos de los 26 estados y el Distrito Federal. Los gobernadores administran políticas esenciales como seguridad, salud, educación e infraestructura, elaboran presupuestos y sancionan o vetan leyes aprobadas por las asambleas legislativas.

También representan a sus respectivas unidades federativas en asuntos políticos, jurídicos y administrativos y dirigen los recursos públicos estatales o distritales.

La disputa territorial tendrá además una dimensión legislativa propia, ya que en los 26 estados serán elegidos mil 35 diputados, mientras el Distrito Federal escogerá 24 diputados distritales para su Cámara Legislativa, con un total de mil 59 bancas en disputa.

De esta forma, el resultado del 4 de octubre determinará quiénes ocuparán los gobiernos estatales, pero también qué fuerzas tendrán representación en las legislaturas regionales y capacidad para aprobar leyes, presupuestos y fiscalizar a los gobernadores.

Asimismo, el mapa territorial será relevante para la relación entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal, pues los estados poseen competencias y estructuras administrativas propias en áreas directamente vinculadas con la vida cotidiana de la población, entre ellas seguridad pública, salud, educación e infraestructura.

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