Ecuador decide deportar a informático sueco Ola Bini

Quito, 2 oct (Prensa Latina) El informático sueco Ola Bini permanece hoy en el aeropuerto de Quito a la espera de su salida de Ecuador, después de que las autoridades migratorias resolvieran su deportación y prohibieran su ingreso al país por 10 años.

Su abogado, Carlos Soria, cuestionó que la medida se sustentara en un informe reservado del Ministerio del Interior y documentos de inteligencia relacionados con una supuesta amenaza para la seguridad del Estado, pero cuyo contenido la defensa desconoce.

“Hoy se concretó la vulneración de derechos más arbitraria de la que he sido testigo”, expresó el letrado en su cuenta de X.

Bini fue interceptado este jueves por agentes policiales cerca de su domicilio en la capital ecuatoriana y trasladado a las oficinas de Migración, sin una orden de detención, de acuerdo con Soria, que presentó un hábeas corpus para cuestionar la retención.

En opinión del jurista, la deportación no debía ejecutarse mientras la justicia resolvía ese recurso, por lo que rechazó que una autoridad administrativa pudiera adoptar la medida mientras estaba pendiente la acción judicial.

Tras conocer la resolución, Bini optó por salir voluntariamente de Ecuador, según el abogado, y se encuentra a la espera de la emisión de un pasaporte de emergencia para permitir su salida hacia Suecia.

Bini, que reside en Ecuador desde 2013, fue acusado en 2019, durante el gobierno del entonces presidente Leín Moreno, de ser parte de un plan desestabilizador vinculado con Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Desde ese año el desarrollador de software y activista digital enfrentó un proceso judicial por un supuesto acceso no autorizado a sistemas informáticos de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Un tribunal de Pichincha lo declaró inocente en enero de 2023, pero en abril de 2024 una sala de apelación revocó esa decisión y lo condenó a un año de prisión y al pago de una multa.

Posteriormente, el proceso prescribió, según su defensa.

La decisión de deportarlo generó críticas de organizaciones civiles, entre ellas la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que pidió al Estado ecuatoriano transparentar sus fundamentos y garantizar los derechos de Bini.

Inredh sostuvo que los procedimientos migratorios no deben utilizarse como mecanismos de persecución y cuestionó las denuncias de irregularidades y falta de garantías para la defensa.

Durante la madrugada del viernes, Bini confirmó que se encontraba en el aeropuerto acompañado por policías y afirmó que un informe secreto lo señalaba como una amenaza para Ecuador.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado sobre el caso.

ocs/avr

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