En un mensaje a la nación trasmitido en cadena nacional de radio y televisión el gobernante preciso que indicó sostener conversaciones formales con la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, para explorar un eventual acuerdo que permita reactivar el proyecto Cobre Panamá.
En su alocución, el mandatario explicó que la decisión responde al análisis de los escenarios jurídicos, económicos, ambientales y sociales relacionados con la explotación del yacimiento, cuyas operaciones están suspendidas desde noviembre de 2023.
Mulino precisó que instruyó a un equipo interministerial, encabezado por el titular de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para iniciar las negociaciones, condicionadas a que el país obtenga beneficios económicos y laborales, con garantías de protección ambiental y respeto a la soberanía nacional.
Entre los principios que consideró irrenunciables mencionó la propiedad panameña de los minerales del subsuelo, el máximo beneficio económico para el Estado, la fiscalización ambiental independiente y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
También estableció como exigencias el control transparente de los materiales extraídos, el uso responsable del agua, la reforestación y la conclusión de los procesos arbitrales internacionales contra Panamá.
El jefe de Estado aclaró que las conversaciones no implican el otorgamiento de una nueva concesión y aseguró que cualquier eventual acuerdo deberá sustentarse en una figura jurídica compatible con el ordenamiento legal del país.
Asimismo, anunció que el proceso contemplará mecanismos de información y participación ciudadana, especialmente para las comunidades cercanas al proyecto, conforme a los principios del Acuerdo de Escazú.
La decisión se produce después de que una comisión interministerial de alto nivel entregara al Ejecutivo, el pasado 30 de septiembre, un informe con 17 recomendaciones y seis criterios para abordar el futuro de la mina.
Una auditoría realizada por la empresa SGS determinó un cumplimiento del 87,73 por ciento de 370 compromisos evaluados, aunque identificó nueve incumplimientos.
La comisión propuso que una eventual actividad minera contribuya a financiar un cierre ordenado y definitivo del proyecto, sin comprometer recursos del presupuesto estatal, y que se respete el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la compañía.
Pese a la paralización de la explotación, Panamá autorizó operaciones para procesar y exportar el concentrado de cobre almacenado en las instalaciones. En 2025 esas ventas generaron 334 millones de dólares, mientras que en el tercer trimestre de 2026 alcanzaron 203 millones de dólares.
El anuncio presidencial provocó reacciones de rechazo entre organizaciones sociales y sindicales, que convocaron a una concentración para mañana martes, a las 16:00 hora local, en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en esta capital.
Los convocantes consideran que la decisión irrespeta la voluntad popular y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que anuló el contrato minero, en medio de intensas protestas populares que paralizaron al pais.
El futuro de Cobre Panamá, una inversión estimada en unos 10 mil millones de dólares, continúa así en el centro del debate nacional, sin que hasta el momento exista un acuerdo definitivo ni una fecha establecida para una eventual reanudación de las operaciones.
otf/ga





