Según un comunicado del gremio, una Comisión Interministerial presentó el pasado 30 de septiembre al presidente de la República, José Raúl Mulino, su informe final, después de casi tres años de incertidumbre sobre el destino de la empresa, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.

De acuerdo con la Cciap, el documento propone evaluar un acuerdo destinado a resolver los arbitrajes pendientes y permitir una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado y autofinanciado, sin prórroga y en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de noviembre de 2023.

La Cciap calificó la recomendación como una ruta balanceada, al considerar que no plantea el retorno al modelo anterior ni desconoce las consecuencias ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener indefinidamente el sitio en su condición actual.

El informe estima que un cierre sin acuerdo tendría un costo de entre dos mil 600 y tres mil 400 millones de balboas durante un período de 17 a 19 años.

A ello se suman reclamaciones en procesos arbitrales por al menos 27 mil millones de dólares, montos que, según la organización empresarial, no han sido reconocidos ni adjudicados contra Panamá.

En ese sentido, la Cciap advirtió que una eventual transferencia de esos costos al Estado comprometería recursos públicos destinados a sectores como educación, salud e infraestructura.

A su juicio, la alternativa planteada podría evitar que el cierre recaiga sobre las finanzas públicas, atender los arbitrajes y ordenar la transición, aunque demanda garantías jurídicas, una fecha definitiva de cierre y mecanismos de fiscalización independiente.

Además señaló que todavía deben definirse aspectos relacionados con la figura jurídica, el régimen fiscal, la participación estatal, el alcance de cualquier operación y las condiciones para la terminación de los arbitrajes.

También reclamó garantías para las comunidades afectadas, trabajadores y empresas panameñas, además del fortalecimiento de las capacidades municipales.

La Cciap insistió en que la transparencia debe acompañar todo el proceso, desde una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada etapa.

El gremio reiteró como principios el respeto al fallo del Supremo y al ordenamiento jurídico, la protección ambiental, un cierre sin costo para el Estado y los panameños, así como transparencia y metas verificables.

La organización empresarial sostuvo que cualquier decisión sobre el proyecto debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible, además de proteger los intereses nacionales.

En octubre y noviembre de 2023, masivas protestas populares paralizaron al país istmeño en rechazo a la minería metálica a cielo abierto, lo que originó que la CSJ declarara inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Minera Panamá y cesaran las operaciones del mayor yacimiento cuprífero de la región.

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