Crecen voces de rechazo a eventual reapertura de mina en Panamá

Ciudad de Panamá, 17 nov (Prensa Latina) Nuevas expresiones de rechazo genera hoy el anuncio del presidente José Raúl Mulino de iniciar conversaciones con la empresa Minera Panamá para explorar un acuerdo sobre el futuro del proyecto Cobre Panamá, cerrado hace tres años.

La alianza Pueblo Unido por la Vida reafirmó su oposición a cualquier intento de reactivar la explotación minera y advirtió que la voluntad popular expresada en las multitudinarias protestas de 2023 debe ser respetada.

En su más reciente pronunciamiento, al que tuvo acceso Prensa Latina, la organización recordó que aquellas movilizaciones consiguieron derrotar el contrato minero y consideró que el fallo de inconstitucionalidad emitido posteriormente por la Corte Suprema de Justicia fue también resultado de esa lucha ciudadana.

El colectivo cuestionó la posibilidad de presentar una eventual reapertura bajo la fórmula de «abrir para cerrar» y sostuvo que el agua, la vida, el ambiente, los territorios y la soberanía nacional no pueden convertirse en mercancías.

Asimismo, convocó a organizaciones populares, sindicales, comunitarias y sociales a fortalecer la unidad y la movilización, con un encuentro previsto para esta tarde frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en la capital.

La reacción se produce después de que Mulino anunciara la víspera, en un mensaje a la nación, el comienzo de una nueva etapa para definir el destino de la mina de Donoso(Colón), mediante negociaciones formales con la compañía subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.

El mandatario designó al titular de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al frente de un equipo interministerial encargado de explorar un acuerdo que, según explicó, deberá garantizar los mayores beneficios económicos para el país, sin constituir una concesión minera.

Entre las condiciones planteadas figuran un plan de cierre definitivo financiado por la empresa, sin posibilidad de prórroga, la conclusión de los arbitrajes internacionales contra Panamá y la generación de empleos para trabajadores nacionales.

Mulino también adelantó que cualquier entendimiento deberá incorporar mayores exigencias ambientales, fiscalización independiente, transparencia informativa y uso responsable del agua.

Además, reconoció que el Estado panameño carece de capacidad para asumir directamente la operación y procesamiento del cobre.

El gobernante anunció igualmente un proceso de consulta ciudadana, con especial participación de las comunidades cercanas al proyecto, en correspondencia con los principios del Acuerdo de Escazú.

El anuncio reabre el debate nacional sobre la actividad extractiva, cuya continuidad quedó suspendida tras la crisis social de 2023 y la posterior declaración de inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y la compañía minera.

/ga

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