La Armada señaló que durante la intervención en el centro de privación de libertad, los internos protagonizaron actos de resistencia, agresiones verbales y empujones contra el personal militar.

Según la institución, los medios disuasivos utilizados inicialmente no permitieron restablecer el orden, por lo que los uniformados adoptaron “medidas más firmes” para evitar una escalada de violencia y proteger a los militares y a los presos que no participaron en los incidentes.

La Armada sostuvo que los videos difundidos en redes sociales corresponden a extractos que buscan “descontextualizar y distorsionar” la actuación de los militares durante el operativo.

La intervención se produjo en el marco de un operativo penitenciario que incluyó el traslado de 300 presos desde la cárcel de Esmeraldas hacia un centro penitenciario de Guayaquil, a unos 450 kilómetros de distancia.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) señaló que el traslado respondió a labores de inteligencia que permitieron identificar “factores de riesgo”, anticipar posibles hechos de violencia y detectar personas vinculadas con escenarios de conflictividad.

Sin embargo, imágenes difundidas posteriormente muestran a un militar golpeando reiteradamente a un preso que se encontraba en el suelo y luego es trasladado aparentemente inconsciente.

Ante estos hechos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) anunció que este lunes presentaría una denuncia ante la Fiscalía por un presunto caso de tortura, que involucraría a miembros de las Fuerzas Armadas.

“Si Fuerzas Armadas señala que no defenderá a nadie que incumpla la Ley, esperemos que los uniformados identificados sean inmediatamente separados del centro penitenciario”, afirmó el representante del CDH, Fernando Bastias.

El abogado y activista cuestionó que las Fuerzas Armadas invoquen la necesidad de restablecer el orden para justificar agresiones contra personas privadas de libertad y sostuvo que cualquier exceso debe ser investigado y sancionado conforme a la ley.

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