En un comunicado conjunto, los colectivos rechazaron lo que calificaron como una campaña de descrédito contra los defensores de derechos humanos y advirtieron sobre el riesgo de otorgar una “carta blanca” a los uniformados para actuar contra sospechosos de cometer delitos.
Juventud Caribe y el FEFLAS señalaron que la respuesta a la delincuencia debe desarrollarse dentro del marco de la Constitución y las leyes, al tiempo que expresaron preocupación por posibles afectaciones a ciudadanos inocentes.
Las organizaciones también sostuvieron que la legitimación de prácticas represivas podría afectar a activistas, dirigentes comunitarios y jóvenes que reclaman derechos en barrios, centros educativos y universidades.
Ante esta situación, llamaron al Gobierno dominicano a aplicar políticas públicas dirigidas a las causas sociales y económicas de la delincuencia, entre ellas la desigualdad y la pobreza.
Asimismo, plantearon revisar el modelo económico del país, al considerar que favorece la concentración de la riqueza en sectores reducidos y contribuye a la precarización de amplios grupos de la población.
El pronunciamiento se produce en medio del debate generado en República Dominicana por las muertes de personas durante supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
La Policía Nacional informó este martes que en septiembre se registraron 125 homicidios, de los cuales 55 correspondieron a fallecidos en esas circunstancias, según sus estadísticas.
las/mpv
