La resolución judicial beneficia a ocho marineros de la embarcación Conquista II y a 24 del María Candelaria, dos de los ocho barcos pesqueros destruidos por militares estadounidenses en cooperación con el Gobierno de Ecuador entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.

Pese a que el Comando Sur de Estados Unidos señaló que las naves operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento para el tráfico de drogas e imputó supuestos vínculos con la organización criminal Los Choneros, la jueza determinó que no existía delito.

Medios locales ecuatorianos citaron al abogado defensor Juan Alvia, quien enfatizó que el Ministerio Público no presentó ningún informe ni evidencia documental de investigaciones por narcotráfico o tráfico de combustibles que involucrara a sus clientes.

Esta sentencia de primera instancia constituye el primer veredicto de un conjunto de tres procesos que abarcan a un total de 88 tripulantes de cinco embarcaciones bombardeadas.

El segundo juicio se instalará este jueves para juzgar la situación de otros 46 procesados, mientras que el tercero, correspondiente a 10 marineros más, se reprogramó para el próximo 20 de octubre.

La defensa confía en que los tribunales de las causas pendientes ratifiquen la inocencia de los tripulantes restantes, dado que los hechos analizados son idénticos.

Tras la absolución bajo libertad condicional, los pescadores analizarán la presentación de acciones legales para exigir que la Fiscalía investigue la destrucción de sus herramientas de trabajo y el presunto secuestro antes de ser entregados a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La semana pasada el ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, justificó la destrucción por fuerzas estadounidenses de embarcaciones ecuatorianas en altamar.

Loffredo señaló en una entrevista con la emisora Radio Centro que existen dos razones para optar por la destrucción de las naves en lugar de remolcarlas hasta la costa.

Según dijo, la primera es el riesgo de que uno de los barcos interceptados pueda embestir a las lanchas de los guardacostas durante el traslado y poner en peligro a los militares.

El segundo motivo está relacionado con el combustible que presuntamente transportarían, que transferirlo sin las condiciones de seguridad correspondientes a una embarcación de la Armada representaría un peligro, apuntó el funcionario.

Los ataques generaron cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y del relator de la ONU Ben Saul, que reclamó mayor transparencia sobre las razones de las interceptaciones, las pruebas contra los tripulantes y las garantías legales aplicadas.

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