La operación Gran Fénix-Cantabria incluyó 23 allanamientos en Ecuador y acciones coordinadas con Europol, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, según informó el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

Tal investigación comenzó tras la incautación en octubre de 2024 de unos 13 mil paquetes de cocaína en el puerto español de Algeciras, en un contenedor procedente de una terminal portuaria de Guayaquil.

A partir de ese caso, las autoridades relacionaron 14 incautaciones realizadas en Ecuador, España, Bélgica, Portugal y Países Bajos, que representan unas 42,5 toneladas de cocaína y un valor estimado de mil 680 millones de dólares.

A esa cifra se suman los decomisos realizados durante el operativo de este jueves, correspondientes a 630 kilogramos y una tonelada y media de cocaína, valorados en otros 85 millones de dólares, con lo que ascienden a mil 765 millones de dólares el total de droga incautada.

El ministro señaló que la estructura habría operado desde 2019 y extendido sus actividades desde las provincias ecuatorianas de Guayas, Los Ríos y Pichincha hasta varios países europeos y Emiratos Árabes Unidos.

La indagación criminal identificó al menos 15 empresas dedicadas a exportar frutas, cacao, mariscos y madera que presuntamente eran utilizadas para ocultar cargamentos de cocaína dentro de mercancías destinadas al comercio internacional.

Según la versión oficial, la organización mantenía conexiones con estructuras relacionadas con la mafia balcánica y la denominada mocromafia, con las que habría coordinado la adquisición de cocaína en Colombia, su traslado hacia Ecuador y posterior envío marítimo a Europa.

Figura entre los detenidos Jackson Felipe Zambrano, señalado por las autoridades como uno de los principales financistas de Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en España desde 2025.

El operativo movilizó a unos 130 policías y permitió detener a 19 ciudadanos ecuatorianos y dos agentes policiales en servicio activo, además de incautar teléfonos, dispositivos de almacenamiento y documentación empresarial y financiera.

La pesquisa policial sostiene que las organizaciones vinculadas en Europa participaban en la recepción y distribución de la droga y facilitaban empresas para generar relaciones comerciales aparentemente legítimas y controlar parte de la cadena logística.

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