El comando presentado esta semana por la presidenta Keiko Fujimori es una formación de personal de élite integrado por 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea y 200 de la Marina de Guerra, 80 de fuerzas especiales conjuntas y 320 miembros de la Policía Nacional.

El ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que el comando fue anunciado el mismo día que en la provincia de Pataz, donde abunda la minería ilegal e informal, hubo dos muertos en una disputa por el oro en ese territorio, y hay un comando unificado policial-militar.

“Si haces lo mismo, vas a obtener el mismo resultado”, agregó.

Otro ex ministro del Interior, Gino Costa, criticó el anuncio y opinó que la estrategia de seguridad debe basarse en el fortalecimiento de la inteligencia de la Policía Nacional y el sistema de justicia.

Añadió que disponer de fuerzas operativas y equipos adecuados no es negativo, pero la conducción a cargo de militares podría repetir experiencias que no dieron resultado.

Según dijo, las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar conflictos bélicos y no para investigar crímenes y citó el caso del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde persiste desde hace décadas un grupo armado, acusado de vínculos con el narcotráfico, pese a existir allí un comando especial.

El jurista opositor Carlos Rivera Paz apuntó en un breve comentario que el comando unificado anunciado “está repitiendo aquello que ha fracasado y no tiene ninguna propuesta nueva” y criticó a la presidenta que viaje en los próximos días a El Salvador para aprender de la experiencia anticrimen de ese país.

Otro abogado, Roberto Pereira, consideró “Impresionante la contumacia del gobierno en aquello sobre lo que existe abundante evidencia que fracasó” y citó también los comandos especiales del VRAEM y Pataz, a los que calificó como inservibles.

Sostuvo que el nuevo comando unificado constituye una señal inequívoca de que el Gobierno carece de la menor idea de lo que debe hacer para enfrentar la inseguridad ciudadana, principal problema del país, según reiteradas encuestas.

De otro lado, organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado preocupación por eventuales excesos de los militares en sus operaciones y un posible uso con fines represivos de las operaciones combinadas.

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