Aproximadamente a las 11:49, hora local, un movimiento telúrico de una magnitud de 5,4 en la escala Richter y una profundidad estimada de entre siete y ocho kilómetros, azotó la zona metropolitana del país y ocasionó innumerables daños, según registros del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET).

Según el historiador Thomas Anderson, unas dos mil personas fallecieron, unos 20 mil resultaron heridos y 200 mil damnificados, aproximadamente 150 mil edificios destruidos.

Los periódicos de la época lo calificaron como una hecatombe, siendo uno de los pasajes más terribles el desplome parcial del Centro Escolar Católico Santa Catalina, ubicado en la Avenida Cuba del Barrio San Jacinto, en el cual murieron 42 niñas.

En los cuatro días posteriores a la tragedia, las autoridades registraron 873 réplicas entre los dos y los cuatro grados, en la escala de Richter.

Tal cantidad de réplicas, ocasionó miedo en la población por el temor a la caída de paredes y derrumbes, muchas familias durmieron a la intemperie, en tiendas de campaña improvisadas, sin servicios básicos, a oscuras, sin agua y con problemas para alimentarse.

Esa devastación general ocurrida en el país visibilizó la vulnerabilidad de determinadas construcciones y la importancia de considerar las características del suelo y las fallas geológicas en la planificación urbana.

Después del desastre, los estudios especializados reforzaron la necesidad de mejorar las normas de construcción, evaluar las estructuras vulnerables y fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias.

Luego de 40 años, el terremoto del 1986 es referencia para comprender el riesgo sísmico de El Salvador, un país expuesto a movimientos telúricos por su contexto tectónico.

Una fatídica experiencia que mostró la importancia de la preparación comunitaria, los sistemas de alerta, los planes de evacuación y la construcción segura.

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