Durante el habitual encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con medios de comunicación, el titular detalló que las instalaciones serán edificadas por la administración federal en coordinación con las estatales y tendrán una capacidad total de 18 mil 480 espacios.
“Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados, para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad”, comentó.
Según agregó, el nuevo modelo también contempla fortalecer los procesos de reinserción social mediante espacios destinados a educación, capacitación para el trabajo una vez que sean puestos en libertad, servicios de salud y actividades deportivas.
El objetivo de las autoridades reside en contar con instalaciones que permitan mantener el control penitenciario y al mismo tiempo ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción de los reos.
La información se divulga a pocos días de que dos riñas en el penal El Castillo, en Mazatlán, del norteño estado de Sinaloa, dejara un saldo de 12 muertos y 16 heridos, todos reos, excepto un familiar que visitaba la instalación.
García dijo este martes que, en el caso de Sinaloa, ante los hechos ocurridos recientemente, Sheinbaum instruyó que se erigiera allí el primero de los centros penitenciarios proyectados, con capacidad para dos mil 640 personas.
El titular hizo énfasis en las acciones realizadas durante la presente administración para reforzar la seguridad penitenciaria, entre estas el fortalecimiento de la vigilancia, supervisión y control en los Centros Federales de Reinserción Social.
Refirió que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre último, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, en coordinación con la Guardia Nacional, efectuó tres mil 275 traslados de personas privadas de la libertad para reducir riesgos.
Las autoridades realizaron en este mismo período un total de 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios en los que fueron incautados más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas.
Además, se incorporaron mil 192 nuevos elementos al sistema y se creó la Unidad de Reacción Penitenciaria para atender situaciones de riesgo y brindar apoyo a las entidades federativas.
Como resultado del fortalecimiento de los protocolos, los códigos de emergencia en los centros penitenciarios federales disminuyeron 35 por ciento frente al período anterior, con una reducción en incidentes relacionados con riñas, agresiones y amenazas, destacó el funcionario.
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