De acuerdo con el documento emitido por el juez César Osorio, la institución debe abstenerse de destruir, trasladar fuera de sus instalaciones, dar de baja, devolver a terceros o alterar de cualquier forma las obras que fueron removidas como parte de la “batalla cultural” anunciada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El togado exigió asimismo al Museo evitar el retiro, desmonte o intervención de otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que medien actos administrativos que justifiquen tales decisiones.

La orden cautelar se emite al amparo de la presentación de un recurso legal radicado por el congresista del Pacto Histórico Gabriel Becerra y por los colectivos Lgtbiq+ León Zuleta y Revolución en Rosa.

El juzgado, que deberá emitir una decisión de fondo en torno a la cuestión, también confirió un día hábil al Ministerio de Cultura para pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por los demandantes.

Los objetos removidos eran parte de exposiciones permanentes que evocaban la violencia política contra el partido de izquierda Unión Patriótica, al Acuerdo de Paz de 2016, al movimiento Lgbtiq+ y a los candidatos presidenciales de izquierda Guillermo Jaramillo y Carlos Pizarro, ambos asesinados cuando hacían campaña en 1990.

En señal de protesta, cientos de personas se congregaron a las puertas de la institución el fin de semana con gritos de “Abelardo mafioso, el pueblo está furioso” y para exigir la devolución de las obras desaparecidas de los salones.

Tanto el sábado como el domingo, parte de los manifestantes fueron intimidados y reprimidos por integrantes de la Unidad Nacional Antidisturbios, lo cual fue denunciado, fundamentalmente, por legisladores del Pacto Histórico.

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