Según informes de distintas comisiones de la verdad, entre 1973 y 1990 ocurrieron en el país más de 40 mil delitos de lesa humanidad, incluyendo torturas, secuestro, detenciones, desapariciones y ejecuciones políticas.

A 53 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular aún hay mil 92 personas cuyo paradero se desconoce y 377 asesinados sin la entrega de cuerpos, de acuerdo con organizaciones sociales.

En los últimos tiempos y fundamentalmente desde sectores de la derecha surgen voces que reclaman beneficios extraordinarios a sentenciados por graves delitos que tengan más de 80 años y padezcan una enfermedad terminal.

Incluso la exministra del Interior y miembro del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, dijo que las personas con estos padecimientos debieran irse a morir a sus casas y llamó al país a actuar con “humanidad” sin distinciones políticas.

La empresa Plaza Pública Cadem consultó a la ciudadanía sobre este tema y 64 por ciento de los encuestados se manifestaron en contra de la prisión domiciliaria para exuniformados condenados por crímenes.

De acuerdo con la misma firma, 60 de cada 100 entrevistados abogó por eliminar la facultad del presidente para conceder indultos.

“No puede haber razones humanitarias que se utilicen para justificar la impunidad”, expresó el Partido Socialista (PS) en un comunicado.

Añadió el PS que los crímenes de lesa humanidad tienen una gravedad excepcional y su sanción efectiva constituye un compromiso irrenunciable del sistema democrático y la principal garantía de que dichas violaciones no vuelvan a ocurrir.

El Partido Comunista de Chile (PCCh) también rechazó cualquier beneficio tanto para represores de la dictadura, como durante el estallido social de 2019. Ellos deberán asumir las consecuencias de sus actos, que no fueron casualidades, sino que respondieron a planes, afirmó el presidente del PCCh, Lautaro Carmona.

Recordó que las sanciones no las determina ningún partido, sino el poder judicial. Entonces, verdad y justicia. Nada más y tampoco nada menos, dijo.

Para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) los posibles indultos concedidos bajo supuestos criterios de humanidad no son más que una forma encubierta de impunidad y su eventual otorgamiento a condenados por estos delitos comprometerá la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

“La impunidad constituye un severo agravio a las víctimas de los crímenes cometidos por agentes del Estado y atenta de forma directa contra el derecho a la justicia de los familiares de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de tortura”, señaló la AFEP.

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