Entre las medidas propuestas figura la eliminación de la facultad que tiene el Instituto de interponer querellas criminales ante los tribunales de justicia cuando, a su juicio, se cometió una grave violación a las garantías individuales.

En su lugar se crea una “facultad de denuncia institucional”, que consiste en informar a los órganos competentes hechos que pudieran constituir un delito, pero sin formar parte de un proceso judicial.

Según un mensaje enviado al Organismo Legislativo por el presidente José Antonio Kast, hay una concentración masiva del INDH en la presentación de acciones judiciales, lo cual le impide realizar su papel de ser un mecanismo consultivo.

Además, se reduce de manera drástica el número de los miembros de su Consejo, que pasa de 11 a cinco, con un mandato de cuatro años y la posibilidad de una sola reelección.

Según La Moneda, esto evita la concentración prolongada del poder y hace más eficiente la toma de decisiones.

También cambia el sistema de designación, pues dos consejeros serán nombrados por el Senado, en base a una nómina propuesta por el Presidente de la República.

La Cámara de Diputados seleccionará a otros dos y el restante dependerá de la decisión de los decanos de la facultad de Derecho de las Universidades miembros del Consejo de Rectores y las autónomas.

El nuevo cargo de director Ejecutivo será seleccionado mediante concurso de Alta Dirección Pública y tendrá a su cuidado la dirección administrativa y operativa del INDH.

De esta manera, la entidad quedará reducida a un papel consultivo de carácter técnico, emitir informes y recomendaciones sobre proyectos de ley, reformas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos no ratificados por el país.

Según el proyecto presidencial, esto le significará al Estado un ahorro fiscal de tres mil 720 millones de pesos (3,9 millones de dólares).

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