El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, precisó que los operativos se extendieron durante ocho días en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia, donde fueron inspeccionadas 101 tiendas y plazas comerciales.

Entre las irregularidades más frecuentes figuró la desvinculación de empleados antes de cumplir tres meses de trabajo, práctica identificada en 91 establecimientos y que, según explicó el funcionario, buscaba impedir que el personal acumulara derechos relacionados con las vacaciones y el auxilio de cesantía.

Las inspecciones también detectaron que 53 empresas no concedían el descanso semanal, 52 incumplían el pago de bonificaciones y 37 dejaban de remunerar las horas extras. Asimismo, 33 violaban las disposiciones sobre la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros.

En materia de seguridad y salud ocupacional, los inspectores encontraron deficiencias en 53 negocios, entre ellas riesgos eléctricos, escaleras sin barandas, ventilación insuficiente y ausencia de extintores, además de instalaciones sanitarias inadecuadas.

Olivares precisó que la paralización de los 24 comercios respondió a situaciones de peligro inminente y aseguró que sus empleados deberán continuar recibiendo sus salarios mientras se mantenga la suspensión de las labores.

Los operativos dieron lugar a mil 16 actas: 974 de apercibimiento y 42 por infracciones que serán sometidas a los tribunales.

Según el ministro, las violaciones graves pueden conllevar multas de entre siete y 12 salarios mínimos por infracción, de conformidad con el artículo 721 del Código de Trabajo.

El titular advirtió que las inspecciones continuarán tanto en esos establecimientos como en otros sectores económicos, sin distinción por la nacionalidad de sus propietarios.

Informó, además, que el Gobierno coordina con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acciones de capacitación para funcionarios de distintos organismos sobre la identificación de productos vinculados al trabajo forzoso para impedir su entrada al país.

La adopción de ese mecanismo se produce en un contexto de presión comercial de Estados Unidos, que impuso a República Dominicana un arancel del 12,5 por ciento al alegar la falta de protocolos para impedir el ingreso de bienes asociados al trabajo forzoso.

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