De acuerdo con el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, la reconstrucción costaría al país 54 billones de pesos (17 mil millones de dólares al cambio actual) en tanto aseguró que, por el momento, el gobierno no cuenta con recursos para entregar más subsidios.

El funcionario calificó de alarmante solo lo que se requiere para el sector residencial, donde se precisarían de 19 billones de pesos (seis mil millones de dólares).

Anunció la ejecución de una inversión de 1,7 billones de pesos (535 millones de dólares) para los próximo dos meses para la reconstrucción de las viviendas.

En una tercera fase, ahondó, se prevé la edificación de 20 mil casas entre 2028 y 2029 en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

El presidente del país, Abelardo de la Espriella, estimó por su parte que, pese a las críticas, el Gobierno trabaja con la finalidad de ayudar a los damnificados.

Durante una alocución trasmitida la víspera en cadena nacional, se refirió a la puesta en marcha del llamado Fondo Milagro, el mecanismo que canalizaría los recursos financieros para la recuperación.

Según expuso, ese instrumento recibió una primera partida de 624 mil 656 millones de pesos (198 millones de dólares) provenientes de un crédito con el Banco Mundial.

Aclaró que los aportes prometidos por el sector privado no harán parte del fondo, como antes se divulgó, sino que serán administrados directamente por las empresas y las fundaciones donantes.

También comunicó que se invertirán más de 34 mil millones de pesos (10 millones de dólares) para emprendedores de las regiones afectadas entre las que se hallan los departamentos de Valle del Cauca, Chocó y Risaralda.

El sismo del 10 de agosto de 2026 dejó un saldo de 335 fallecidos y 207 mil 889 viviendas destruidas o con graves afectaciones, según la la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La emergencia impactó a 16 departamentos, de un total de 32, y 500 municipios, con 489 mil 862 personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD).

Algunas entidades, como la Defensoría del Pueblo, piden que se reabra el RUD ante evidencias de que el número de afectados es mayor.

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