Las reglas que actualmente rigen el sector extraurbano se escribieron para un país totalmente distinto y en otro tiempo, señaló en una carta abierta ese sindicato, junto con representantes del extraurbano de pasajeros.

En la misiva, dirigida al legislador José Inés Castillo del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, acotó que nunca se actualizaron una ley de hace ocho décadas y dos tarifarios de hace 30 y 17 años.

Tras aseveraciones de este a través de medios de comunicación y redes sociales, las organizaciones mencionaron que el diésel casi se duplicó solo en el presente 2026, así como también los insumos de sus operaciones y en algunos casos hasta triplicado.

Descartaron que en ocho décadas el Congreso emprendiera una reforma normativa integral del transporte: “la materia ha quedado relegada en la agenda parlamentaria”, añadieron.

Es una deuda pendiente con la población chapina que merece un servicio seguro, ordenado y con tarifas justas en donde predomine la libertad de empresa como en todo segmento de la economía, consideraron.

La Gretrucex reconoció que los funcionarios mencionados por Castillo (el Viceministro de Transportes, Francisco Suriano, y la Directora General de Transportes, Pai Ela Escobar) demostraron ser personas probas.

Negó la existencia de un tarifario por ruta, por tipo de empresa, que abarque todas las variables requeridas y que pueda aplicarse entre un punto de origen y su destino, como lo estipula el artículo 34 del Acuerdo Gubernativo 225-2012.

Invitó a Castillo a que si tiene pruebas se acerque al Ministerio Público y presente las denuncias respectivas en lugar de emitir juicios sin fundamento.

Tal proceder, enfatizó, afecta la reputación y el buen nombre de miles y miles de personas que diariamente se dedican a este servicio, incluso, arriesgando su vida, debido a las extorsiones y asesinatos que se dan en el transporte.

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