Según declaraciones publicadas por el diario La Repubblica, en el pedido lo acompañan otros regidores de grandes urbes del país, quienes requieren analizar con la mandataria posibles respuestas gubernamentales a los problemas existentes.

La víspera, Sala sostuvo ante el Consejo municipal que, junto a los disturbios y los actos delictivos, existe una protesta que expresa preocupaciones y dificultades reales, las cuales no deben reducirse a una cuestión de orden público.

El alcalde distinguió entre las manifestaciones pacíficas y los episodios de violencia registrados en Milán durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

De igual forma, destacó que la movilización del pasado sábado 24 transcurrió de manera pacífica y consideró necesario comprender las razones de quienes participaron en ella.

“El malestar económico y social no puede ignorarse ni despacharse como un problema de orden público”, afirmó Sala, reportó la prensa italiana.

El funcionario insistió en que las administraciones locales deben poder trasladar al Ejecutivo nacional las condiciones concretas en que viven sus ciudadanos, incluidas las necesidades que no encuentran suficiente respuesta en las decisiones adoptadas en Roma.

La petición de diálogo se produce en un contexto de crecientes dificultades relacionadas con el costo de la vivienda, los precios de los bienes y servicios esenciales y la precariedad económica de parte de la población milanesa.

Sala advirtió igualmente que el refuerzo de la presencia militar en las calles constituye una respuesta temporal y no sustituye las medidas estructurales necesarias para mejorar la seguridad.

Reclamó políticas sociales, intervenciones educativas, servicios de proximidad y oportunidades concretas para los jóvenes, además de una mayor coordinación entre el Ayuntamiento, los centros educativos, los servicios sociales y las organizaciones del tercer sector.

El regidor señaló que los alcaldes de varias de las principales ciudades italianas mantienen contactos para solicitar una entrevista con Meloni y discutir tanto las dificultades que afrontan sus territorios como las medidas previstas en la ley de presupuestos.

Los responsables municipales consideran que el debate debe incluir los costos de la vivienda, la carestía de la vida, el transporte y los gastos energéticos, indicó La Repubblica.

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