La convocatoria, según los organizadores, comprende a trabajadores de los sectores público y privado con el objetivo de unir las reivindicaciones laborales y sociales en una jornada nacional de 24 horas de movilización contra lo que la USB define como una economía de guerra y el deterioro de las condiciones de vida de la población.

Entre las principales demandas figuran el aumento de los salarios y las pensiones, la reducción de los precios de los combustibles y la energía, y el abaratamiento de los alquileres, las hipotecas y otros servicios esenciales.

El sindicato, uno de los mayores de Italia, exige además que los recursos públicos se destinen, en primer lugar, a la sanidad, la educación y los servicios sociales, en lugar de incrementar el gasto militar.

La organización sostiene que la subida de los precios de los productos básicos y de las facturas energéticas reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas.

También critica al Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, por considerar insuficientes sus medidas para aliviar esa situación y cuestiona las políticas de apoyo militar a Ucrania e Israel.

Otra de las motivaciones de la protesta es el rechazo a las disposiciones que, a juicio de la USB, limitan las libertades democráticas y reprimen las movilizaciones sociales.

El sindicato incluye entre sus reivindicaciones la regularización de los trabajadores extranjeros y el rechazo a medidas que considera discriminatorias.

La huelga se acompañará de manifestaciones, concentraciones y acciones en distintas localidades del país.

Según el calendario difundido por la USB, están previstas movilizaciones en Roma, Milán, Turín, Bolonia, Génova, Florencia, Nápoles y otras ciudades, así como acciones en puertos para denunciar el tráfico internacional de armas.

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