Las decisiones involucran al pastor evangélico Silas Malafaia, al periodista y escritor Guilherme Fiuza y al exdiputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En el caso de Malafaia, el magistrado acogió la solicitud de la Procuraduría General de la República, que consideró insuficientes los elementos reunidos para sustentar una acusación por presunta coacción en el curso de un proceso judicial.

Con el archivo de esa investigación, Fachin revocó las medidas cautelares impuestas al pastor y ordenó devolver los bienes que hubieran sido incautados, informó el STF.

Respecto a Fiuza, el titular de la máxima corte reconoció la extinción de la responsabilidad penal por el delito de incitación al crimen, debido a la prescripción.

La última conducta investigada habría ocurrido el 17 de diciembre de 2022 y el plazo legal aplicable era de tres años.

El ministro también archivó la investigación sobre una supuesta tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho atribuida al periodista, al considerar que las diligencias no aportaron elementos mínimos para sostener una acusación.

Tal determinación dejó sin efecto las medidas cautelares dictadas contra Fiuza, incluidas restricciones patrimoniales y de desplazamiento.

La tercera decisión se refiere al procedimiento que dio origen a la acción penal contra Eduardo Bolsonaro y el comentarista Paulo Figueiredo, investigados por presunta coacción en el curso del proceso.

En este caso, Fachin consideró que la pesquisa había cumplido su finalidad, pues la denuncia contra Eduardo Bolsonaro fue recibida por la Primera Sala del STF y dio lugar a una causa penal independiente.

El exdiputado fue condenado el 16 de junio de 2026 y, tras el rechazo de los recursos presentados, la sentencia quedó firme el último 3 de octubre.

Las tres determinaciones se relacionan con el expediente abierto en marzo de 2019 para investigar la difusión de noticias falsas, amenazas y ataques contra el STF, sus integrantes y sus familiares.

Inicialmente bajo la conducción del ministro Alexandre de Moraes, la investigación pasó a la presidencia de la corte en septiembre, cuando Fachin asumió su revisión.

A comienzos de este mes, el presidente del STF había manifestado su intención de concluir el examen de los procedimientos pendientes y promover el archivo definitivo del expediente principal, una vez cumplidas las etapas procesales correspondientes.

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