Las parlamentarias Jessica Ramos Moreno, conocida como Jessicão, de Paraná, e Índia Armelau, de Río de Janeiro, utilizaron las redes sociales para instar a empresarios a despedir trabajadores identificados con el Partido de los Trabajadores (PT), formación del mandatario.

El Ministerio Público del Trabajo de Río de Janeiro (MPT-RJ) presentó una acción civil pública contra Armelau, según informó CNN Brasil, ya que el organismo considera que sus declaraciones estimulan el acoso electoral y la discriminación por convicciones políticas.

Mediante una publicación difundida en redes sociales, la diputada recomendó a los empresarios revisar los perfiles de sus empleados para comprobar si habían manifestado apoyo a Lula y cuestionó que mantuvieran en sus negocios a personas que, según ella, odian a los empresarios.

El MPT solicita a la Justicia laboral que ordene a la legisladora abstenerse de incentivar a empleadores a discriminar, despedir o perseguir trabajadores por sus preferencias políticas.

También pide que publique un comunicado en el que reconozca el derecho de los empleados a elegir libremente a sus candidatos, bajo una multa de 100 mil reales (unos 20 mil dólares) por incumplimiento, además de una indemnización de 500 mil reales (100 mil dólares) por daño moral colectivo.

Por su parte, Jessicão, concejala de Londrina y diputada estatal electa por Paraná, publicó un mensaje en el que llamó explícitamente a despedir a empleados domésticos simpatizantes del PT, y también sugirió cambiar de proveedores de servicios y romper relaciones personales con quienes apoyaran al mandatario.

A través de una nota difundida por Band Paraná, la legisladora negó haber promovido la discriminación y sostuvo que sus palabras se enmarcaban en el debate político y en la libertad de expresión.

Medios locales de prensa reportan otros casos, como el del propietario del Frigorífico Goiás, quien ofreció viajes con todos los gastos pagados a mil simpatizantes de Lula con el propósito de que no acudieran a votar.

En Bahía, la empresa Total Atacado quedó obligada por una medida cautelar a establecer turnos que garantizaran el derecho al voto, después de denuncias de que empleados de establecimientos de Salvador y Lauro de Freitas no habían sido liberados para votar en la primera vuelta.

Los casos se producen en un contexto en el que el Ministerio Público del Trabajo recibió mil 937 denuncias de acoso electoral en todo Brasil hasta el lunes 26, un día después de la segunda vuelta presidencial.

En ese balotaje Lula derrotó al candidato del PL, el senador Flávio Bolsonaro, tras una campaña electoral marcada por una fuerte polarización política.

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