Las propuestas, denominadas Ley de Presupuesto Bantay y Ley de Presupuesto Participativo de Base, surgieron tras consultas con instituciones urbanas y entidades de vigilancia gubernamental sobre las prioridades presupuestarias para 2027.

Se prevé que la primera iniciativa permita a grupos acreditados intervenir en audiencias del Congreso, presentar propuestas alternativas y formular recomendaciones sobre programas estatales.

El proyecto contempla además el acceso público a registros, transcripciones e informes de las deliberaciones presupuestarias, incluidas las sesiones de la comisión bicameral.

Por otra parte, el segundo plan exigiría a las autoridades locales celebrar al menos dos asambleas consultivas anuales con organizaciones acreditadas.

Asimismo, los grupos civiles ocuparían al menos una cuarta parte de los puestos en los consejos de desarrollo de provincias, ciudades, municipios y barangays, las unidades administrativas más pequeñas del país.

Ejercito, titular del Comité de Finanzas del Senado, sostuvo que las medidas buscan convertir la participación ciudadana en una práctica permanente, independiente de quién dirija esa instancia legislativa.

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