La Fiscalía decidió declarar prescritos los delitos cometidos pese a que tienen todas las características de delitos de lesa humanidad, según dijeron en una conferencia de prensa.

Las denunciantes fueron afectadas por la campaña oficialmente presentada como de maternidad responsable, bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y diversos reportes consignan que, si bien son más de cuatro mil las que piden justicia, las esterilizaciones habrían sido aplicadas a cientos de miles de mujeres pobres e indígenas.

En conferencia de prensa, anunciaron que impugnarán la resolución fiscal que ordena al archivo de la investigación, y buscarán que el Fiscal Superior ordene su revocatoria.

“Yo quiero justicia, justicia verdadera. Rechazamos esas leyes que no nos favorecen”, expresó Dionicia Calderón, integrante de la Asociación de Personas Afectadas por Esterilización Forzada en Los Morochucos, población de la región andina de Ayacucho.

La prescripción coincidió paradójicamente con una sentencia de la justicia supranacional que condena al estado peruano por la muerte en la campaña esterilizadora de Celia Ramos, tras un proceso en el que quedó claro que las operaciones no fueron un error, sino una grave violación de los derechos humanos y, por tanto, no prescriben.

La directora de la organización de Mujeres Demus, que asesora a las afectadas, Rocío Silva Santisteban, advirtió que la investigación archivada estableció que 52 indagados formaban parte de la cadena de mando de la campaña de esterilizaciones,

En esa lista figuran los ex ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, quienes niegan que se hayan cometido esterilizaciones por la fuerza y que todas contaron con la autorización de las pacientes.

“El fallo de Celia Ramos obliga al Estado peruano a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de una política que afectó la autonomía reproductiva de miles de mujeres”, afirmó el Asesor Legal del Centro de Derechos Reproductivos, Esteban Madrigal.

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