El director del Programa de Investigación de Orden, Conflicto y Violencia, de la Universidad Central del Ecuador, sostuvo en su análisis titulado “Ecuador como laboratorio de guerra” que el país sudamericano se ha transformado en un espacio de experimentación militar y psicológica.

“Ecuador se ha convertido en un laboratorio de guerra”, afirmó el académico, quien enmarcó esa estrategia en el llamado enfrentamiento contra los cárteles promovido por la administración de Donald Trump a través de la coalición Escudo de las Américas.

En el texto, divulgado en sus redes sociales, Córdova-Alarcón identificó dos acontecimientos que, a su juicio, evidencian los alcances de esa política.

En primera instancia se refirió al bombardeo de un supuesto campamento de los Comandos de la Frontera, en marzo de 2026, un hecho que las autoridades ecuatorianas y estadounidenses presentaron como ataque aéreo contra una organización del crimen organizado.

Sin embargo, una investigación del diario estadounidense The New York Times reveló posteriormente que el objetivo bombardeado era una granja lechera y no un campamento criminal, según expuso el investigador.

Esa operación marcó, en su opinión, el inicio de una “intervención por invitación” de Washington, cuyos antecedentes situó en 2018, con la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada estadounidense.

En su análisis, repasó los acuerdos de cooperación militar suscritos durante los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, así como las disposiciones legislativas estadounidenses destinadas a ampliar la asociación bilateral en materia de seguridad. El segundo episodio que mencionó corresponde a la desaparición de ocho tripulantes de la embarcación Fiorella, que zarpó del puerto de la provincia de Manabí y solamente uno fue encontrado con vida para relatar que sufrieron un ataque con drones.

El autor citó una investigación de The Washington Post que apuntó a una posible interceptación de la embarcación como parte de un programa de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense.

Córdova-Alarcón advirtió que las operaciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Sur generan muertes, desapariciones y desplazamientos de comunidades pesqueras.

El investigador también alertó sobre la integración de inteligencia artificial y análisis masivo de datos en las operaciones militares estadounidenses.

En particular mencionó el sistema Maven Smart System, desarrollado por la empresa Palantir, que permite procesar múltiples flujos de información para identificar objetivos militares.

Según su criterio, la incorporación de estas herramientas por parte del Comando Sur estadounidense en Ecuador automatiza distintas fases de las operaciones de ataque y deja de lado el criterio humano en las decisiones militares.

Este análisis sale a luz luego de que un medio internacional divulgara esta semana que es de la Base Aérea de Taura, en la provincia ecuatoriana de Guayas, desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos.

Para el académico, el despliegue de drones militares estadounidenses en territorio ecuatoriano y la construcción de infraestructura en instalaciones de la Fuerza Aérea del país son elementos que, a su juicio, consolidan el papel de Ecuador como espacio de experimentación tecnológica y militar.

En el ámbito civil, Córdova-Alarcón cuestionó los acuerdos del Gobierno con Google Cloud y Palantir para la transformación digital del sector público y el análisis de datos aduaneros, tributarios y financieros.

Sostuvo que la expansión de esas plataformas puede incrementar la capacidad de vigilancia estatal y la influencia de empresas tecnológicas transnacionales sobre las instituciones ecuatorianas.

“La República está sucumbiendo, convirtiéndose en un vasto laboratorio para la guerra”, concluyó el investigador, quien atribuyó la profundización de esa dinámica a la orientación del Gobierno de Noboa hacia Washington.

Subrayó que esa alianza, hasta ahora, no ha resuelto la crisis de seguridad y, en cambio, favorece intereses empresariales transnacionales y plantea riesgos para la democracia del país.

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