Esas acciones enfrentaron una organización criminal sospechosa de lavar dinero y ocultar patrimonio mediante inmuebles de alto valor, vehículos de lujo y aeronaves ejecutivas registrados a nombre de terceros.

Según la Agencia Brasil, los mandamientos fueron expedidos por el Supremo Tribunal Federal y se cumplieron en direcciones de la zona suroeste de la urbe carioca, donde los investigadores buscaron documentos, dispositivos electrónicos, registros contables y otras pruebas relacionadas con las actividades del grupo.

La PF divulgó que los sospechosos registraron bienes y recursos financieros a nombre de familiares, colaboradores cercanos y personas sin vinculación formal con el núcleo pesquisado, para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios.

También, las pesquisas detectaron indicios de utilización frecuente de dinero en efectivo, movimientos financieros sin trazabilidad compatible con su origen y operaciones mediante empresas brasileñas y extranjeras.

La nueva etapa de las investigaciones se deriva del análisis de información extraída de un teléfono celular incautado durante una fase anterior de la operación.

Esos datos permitieron identificar nuevas direcciones, estructuras empresariales y activos presuntamente empleados para administrar, ocultar y movilizar recursos financieros.

Dicha operación ha avanzado en distintas etapas contra presuntas estructuras del crimen organizado en Río de Janeiro.

En la octava fase, realizada el pasado 15 de octubre, la PF ejecutó órdenes de prisión y registro en varios municipios, y dispuso medidas sobre bienes y empresas.

Todavía, las autoridades continúan reuniendo elementos para esclarecer el origen y destino de los recursos y determinar las responsabilidades individuales, agregó la referida fuente de prensa.

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