La Sala de Reconocimiento determinó que estos crímenes hicieron parte de un patrón articulado por la estigmatización de la población civil como integrante o colaboradora de las milicias y los acuerdos de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares.

Este patrón, apuntó el tribunal, se manifestó en actos cometidos directamente por militares y policías, acciones conjuntas con paramilitares y crímenes ejecutados por estos grupos bajo acuerdos de no persecución e impunidad.

Señaló el hallazgo de 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 de Medellín y áreas aledañas de esa ciudad del noroeste entre 2001 y 2004.

El universo provisional de hechos incluye 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 hechos de lesiones personales, 34 de tortura, siete de violencia sexual y 380 víctimas de privaciones graves de la libertad.

La Sala reconstruyó las operaciones militares y policiales, especialmente Mariscal y Orión, y determinó que durante su ejecución se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil.

Entre los doce máximos responsables seleccionados están los generales retirados Mario Montoya y José Gallego, a quienes la Sala atribuyó responsabilidad por omisión.

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