Polonia: de conflicto legal a crisis institucional

Varsovia, 31 ago (Prensa Latina) Lo que comenzó como un conflicto legal entre poderes, deviene hoy crisis institucional en Polonia tras la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional por el mandatario Karol Nawrocki.

La crisis que escaló a su punto culminante esta madrugada, comenzó a mediados de mes después de que el Sejm (Parlamento) eligiera a Maciej Berek como juez de esa instancia judicial, un nombramiento que Nawrocki, en oposición al Gobierno y al Parlamento, se negó a refrendar con su juramento.

En horas de la noche la web del Tribunal anuncio la suspensión de funciones de su presidente, Bogdan Svienchkovski, y del vicepresidente, Bartlomiei Sochanski, e informó que Anna Korwin-Piotrowska asumiría la dirección del organismo.

Sin embargo, la cuenta oficial del ente legal en la red social X denunció la “toma ilegal” de su sitio web, subrayó que Svienchkovski sigue siendo el presidente y que Korwin-Piotrowska no es reconocida como tal.

En ese contexto, y en medio de manifestaciones, Nawrocki y un numeroso dispositivo de seguridad accedieron al edificio entre gritos de una multitud que lo vitoreaba, mientras la policía intentaba contener a la gente con dificultad y se producían constantes altercados, según reportes de la prensa nacional.

Al tiempo que el mandatario daba un espaldarazo a los magistrados defenestrados, el gobierno del primer ministro centrista Donald Tusk quiere su destitución, lo que, según analistas, evidencia fricciones entre ambos poderes.

Tusk impulsó en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo aceptó tomar juramento a dos de ellos.

Durante la madrugada se registraron tumultos y enfrentamientos entre agentes antidisturbios y un grupo de diputados de la oposición y manifestantes en la entrada del Tribunal.

Nawrocki que interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a esta capital debido a la situación, entró en la sede de ese ente legal junto al primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński.

Allí denunció “una violación del orden constitucional”, la “toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”, y convocó para hoy consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias.

Entre tanto la jueza Korwin-Piotrowska, que no reconoce a Święczkowski al considerar que ha violado la ley por bloquear de forma sistemática a los jueces elegidos por el actual Parlamento, asumió esa función el magistrado con mayor antigüedad.

Sin embargo, su legitimidad es discutida por los contrarios. Por un lado, poque hay otro juez del Tribunal, Wojciech Sych, que lleva más tiempo como integrante de ese ente legal. Y por otro, porque el presidente Nawrocki nunca le tomó juramento, requisito necesario para asumir el cargo.

Algunos juristas polacos cuestionan que una jueza pueda suspender al presidente de su propia corte y afirman que esa decisión corresponde a la Asamblea General de dicho Tribunal.

Por su parte, el primer ministro Tusk afirma que los nuevos magistrados fueron elegidos «conforme a la Constitución» y que el presidente Nawrocki «abdicó» de su deber constitucional al negarse a prestarles juramento.

Pero el actual mandatario heredó una reforma judicial del anterior Gobierno, dirigido por el partido ultraconservador y nacionalista PiS (Ley y Justicia) entre 2015 y 2023, que permitió “llenar” el Tribunal Constitucional” de jueces afines a su ideología.

Esas reformas fueron cuestionadas por organismos jurídicos internacionales, como la Comisión de Venecia, y duramente criticadas por Bruselas y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuestionó la independencia del Poder Judicial polaco.

Bruselas activó en diciembre de 2017, por primera vez el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión al considerar que existía un «riesgo claro de violación grave del Estado de derecho» por el control político sobre el Poder Judicial polaco.

Además, el Tribunal de Justicia comunitario impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, que consideró como un instrumento del Gobierno para controlar y destituir jueces a su antojo.

En ese contexto el actual Gobierno intenta renovar el Tribunal y restablecer su legitimidad, pero chocó con la resistencia del presidente y de la dirección saliente.

rc/ehl

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