El despliegue abarcará las aldeas Sassoró, en el municipio de Tacuru; Taquapery, en Coronel Sapucaia,; y Limão Verde, en Amambai, precisó el portal informativo Brasil 247.

Los uniformados permanecerán en esos lugares por tiempo indeterminado, anunció el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva.

Uno de los hechos que motivó la preocupación fue la circulación de audios en grupos de mensajería, en los cuales se escuchan amenazas explícitas de envenenar el agua consumida por indígenas.

Divulgada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, una de las grabaciones contiene expresiones que incitan a matar a los habitantes de esas comunidades.

La Policía Federal investiga las denuncias y ya tomó declaración a dos sospechosos, informó el ministro de los Pueblos Indígenas, Eloy Terena.

También se reforzará la vigilancia de la calidad del agua para prevenir posibles riesgos a la salud de los pobladores.

Según la referida fuente de prensa, la operación de la Fuerza Nacional incorporará un procedimiento denominado Minuto a Minuto, que mantendrá a los agentes en las zonas de actuación y permitirá movilizarlos ante cualquier incidente con indicios de delito o gravedad.

La respuesta podrá ser coordinada con la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y las fuerzas estaduales.

Terena precisó que, tras una evaluación preliminar, el Gobierno recibió 10 denuncias que requieren investigación, cuatro de ellas correspondientes a Mato Grosso del Sur.

Aclaró que, hasta el momento, solo la amenaza de envenenamiento presenta una relación directa identificada con un posible delito de motivación política, y los demás episodios, incluidos atropellamientos, también serán investigados.

Por su parte, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas mantiene contacto con los líderes locales y colabora en la verificación de los relatos.

El Ministerio de Derechos Humanos comunicó que su programa de protección a defensores de derechos humanos acompaña a 90 personas en el estado, de las cuales 86 son indígenas.

Los episodios ocurren en una región marcada por disputas territoriales que afectan especialmente a comunidades Guarani y Kaiowá, cuyas reivindicaciones de reconocimiento de sus tierras tradicionales continúan siendo motivo de conflicto.

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