Una semana después de la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Palacio de Planalto busca aprovechar los meses restantes de la actual legislatura para avanzar en propuestas consideradas estratégicas para su gestión, apuntó el medio.
La prioridad inmediata es la Propuesta de Enmienda Constitucional de Seguridad Pública, cuya votación en el Senado fue programada para mañana por el presidente de esa cámara, Davi Alcolumbre.
El Ejecutivo pretende que la iniciativa sea examinada en dos turnos durante la misma jornada, mediante un calendario especial.
Sin embargo, la discusión enfrenta diferencias con sectores opositores que intentan incorporar al texto la reducción de la mayoría de edad penal, asunto que provocó la retirada de la propuesta de la agenda el pasado 15 de octubre.
La PEC busca establecer cambios en la organización constitucional de la seguridad pública y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de esa área, pero la controversia sobre la edad penal amenaza con ampliar las divergencias en torno a su contenido.
Otra cuestión pendiente es la designación del sustituto del ministro Luís Roberto Barroso en el Supremo Tribunal Federal, tras su jubilación.
Asesores presidenciales defienden que Lula envíe la nominación antes de finalizar el año, aunque todavía no existe consenso en el Senado sobre el nombre propuesto.
El mandatario ha expresado a sus aliados su preferencia por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, quien ya fue rechazado por ese órgano en abril pasado.
No obstante, según informaciones de la prensa brasileña, dirigentes cercanos al Gobierno consideran necesario encontrar una candidatura con mayor respaldo entre los senadores y las autoridades de esa cámara.
La agenda incluye, además, el marco legal de la inteligencia artificial, aprobado por el Senado y pendiente de análisis en la Cámara de Diputados, así como una iniciativa para regular la competencia de las grandes empresas tecnológicas, conocidas como big techs.
En el terreno económico, el Gobierno necesita avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley Presupuestaria Anual para 2027, ya remitido al Legislativo, el cual deberá ajustarse para contemplar las prioridades sociales y los compromisos anunciados por Lula durante la campaña electoral.
La ofensiva legislativa ocurre en un contexto de cambios en el equilibrio político del Congreso, pues la nueva composición, que asumirá en febrero, reforzará las bancadas opositoras y podría dificultar las negociaciones del Ejecutivo para aprobar sus iniciativas.
ool/mar
