La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 18/2025, conocida como PEC de la Seguridad Pública, recibió 73 votos favorables en primera vuelta y 75 en la segunda, sin votos en contra, por lo que seguirá el proceso de promulgación, informó la Agencia Senado.

Su aprobación ocurrió después de que los legisladores decidieran separar del proyecto dos enmiendas relacionadas con la disminución de la edad de responsabilidad penal, asunto que generó fuertes discrepancias entre el oficialismo y la oposición.

Esa separación fue avalada por 38 votos contra 36 y las propuestas pasarán a tramitarse como iniciativas independientes, en medio del compromiso del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, de acelerar su discusión mediante un calendario especial.

Una de las enmiendas, presentada por el líder opositor Rogerio Marinho, del Partido Liberal, planteaba reducir la mayoría penal de 18 a 16 años como regla general y a 14 para delitos graves, como homicidio, tortura, tráfico de drogas, terrorismo y participación en organizaciones criminales.

La otra, impulsada por el senador Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores, proponía establecer la responsabilidad penal a partir de los 16 años exclusivamente para delitos considerados hediondos.

A su vez, la PEC aprobada incorpora a la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública, con el propósito de fortalecer la cooperación entre la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como el intercambio de información y la coordinación de las acciones contra la criminalidad.

La reforma también establece condiciones para la creación de policías municipales, amplía las atribuciones de la Policía Federal de Carreteras al patrullaje de ferrovías e hidrovías, y refuerza las competencias de los diferentes niveles de gobierno en la formulación de políticas de seguridad.

Entre las disposiciones figuran medidas más severas contra integrantes de facciones criminales, milicias y organizaciones paramilitares, incluidas restricciones a la progresión de régimen penitenciario y a determinados beneficios procesales, así como el decomiso de bienes vinculados con actividades ilícitas.

La enmienda constitucional contempla, además, mecanismos de protección y asistencia a las víctimas de delitos, sus familiares y denunciantes, y establece garantías para el financiamiento de las políticas de seguridad mediante recursos de fondos nacionales del sector.

Iniciativa del Ejecutivo, la PEC constituye una de las prioridades del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defiende una mayor coordinación federal para enfrentar la violencia y el crimen organizado.

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