Durante la víspera, la propuesta recibió el visto bueno del Senado con 57 votos a favor y 24 en contra, estos últimos por parte de la oposición que ejerció bastante resistencia.

Aunque el texto tuvo luz verde en casi la totalidad del contenido promovido por el Ejecutivo, a la postre se logró eliminar el artículo 25 que le confería facultades extraordinarias de contratación al Ministerio del Interior en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otra parte, en el caso de los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se elevó de uno a seis años la pena de cárcel mínima exigida para acceder a los beneficios jurídicos que conferirá la norma a quienes se les halle culpables de estas infracciones.

La reforma también excluye del tratamiento penal diferenciado a los individuos que hayan sido condenados o considerados responsables por reclutamiento para acciones bélicas de menores de 18 años.

También quedó fijada en 10 años la sentencia para aquellos que ejerzan roles de mando dentro de las estructuras armadas.

De acuerdo con el proyecto, los beneficios dependerán del nivel de responsabilidad de los integrantes de grupos armados y organizaciones delincuenciales.

Mientras los integrantes de base contarán con una reducción del 50 por ciento de la pena, los cabecillas tendrían una rebaja del 30 por ciento.

Aquellos que accedan someterse a la justicia deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario con restricciones efectivas de la libertad.

Las rebajas de las sentencias constituyeron el punto de mayor fricción entre partidos gobiernistas y de oposición en el Congreso.

Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico cuestionaron los beneficios a reclutadores de menores de edad, narcotraficantes y otros responsables de delitos graves.

“Mucho discurso de mano dura, pero cuando se trata de quienes antes defendía como abogado, aparecen los beneficios y las concesiones”, señaló la representante María Fernanda Carrascal, en referencia a los casos que como defensor legal solía tomar el actual presidente, Abelardo de la Espriella.

Si el texto de la Cámara difiere del aquel aprobado por el Senado, ambos documentos deberán pasar por un proceso de conciliación antes de la sanción presidencial.

La necesidad de que el proyecto se apruebe hoy se debe a que la vigencia de la actual ley de orden público expira al final de esta jornada.

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