Según explicó en conferencia de prensa, debido a la limitación de los recursos, se decidió variar y reducir los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes, así como los de los magistrados, fiscales y secretario ejecutivo.

Aclaró que entregarán la sede que utilizan actualmente y mudarán la entidad a una mucho más pequeña, lo cual obligará a diseñar sistemas de trabajo virtual y modalidades rotativas.

Lo propio, ahondó, se empezará a hacer con las oficinas de los enlaces territoriales, y se buscará apoyo en las universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, alcaldías y gobernaciones.

También se decidió un recorte del 85 por ciento en los contratos de prestación de servicios lo que, a su juicio, significa un inminente riesgo de paralizar la actividad misional de la JEP, pues tales servicios contractuales cubrían principalmente la defensa técnica, el apoyo sicosocial y, en general, los encuentros restaurativos de las víctimas.

Remarcó, no obstante, que la JEP hará “hasta lo imposible” para que los rubros que facilitan a las víctimas y a los comparecientes su participación, no se vean alterados.

Rojas lamentó que el recorte presupuestal ocurra en el momento de mayores resultados de esa corte.

“Antes de finalizar el año, habrá culminado el trámite de imputaciones de los máximos responsables de los más graves crímenes cometidos durante la guerra. Y una vez definido por ellos la aceptación o no de su responsabilidad, se activarán los juicios dialógicos o adversariales ante el Tribunal para la Paz durante el 2027 y 2028”, informó.

La JEP es el órgano de justicia transicional creado como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Tiene como misión principal esclarecer e investigar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre de 2016.

Dentro de sus misiones, está juzgar a exintegrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles.

El recorte presupuestal para el tribunal de cara al año 2027 asciende a un total de 181 mil 402 millones de pesos (56 millones 450 mil dólares al cambio actual).

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