Toda vez que los 78 legisladores presentes votaron a favor de la acusación, corresponde ahora al Senado decidir si continúa con la destitución o acepta la renuncia del gobernante, ocurrida pocos minutos antes de que se conociera la postura de los diputados.
De acuerdo con la legislación paraguaya, es un deber y una atribución exclusiva del Congreso Nacional aceptar o rechazar la renuncia del presidente y del vicepresidente.
Mientras ambas cámaras legislativas no se reúnan y aprueben la dimisión, el proceso formal de vacancia no concluye.
Si el Congreso de Paraguay no acepta la renuncia de Peña, y decide continuar con el juicio político, se activa el mecanismo constitucional de juzgamiento.
La Constitución otorga a los expresidentes el rango de senadores vitalicios, pero la ley exceptúa a quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Es decir, si el Senado prosigue con el juicio y lo condena, Peña perdería definitivamente el derecho a ser senador vitalicio y el blindaje institucional que este estatus conlleva, y quedaría expuesto a procesos penales ordinarios.
En cambio, si los legisladores optan por la vacancia, el vicepresidente electo, Pedro Alliana, debe tomar la jefatura del Poder Ejecutivo.
Peña renunció en medio de un gran descontento social y protestas debido al bloqueo y pérdida de ahorros bancarios de miles de clientes, pequeños ahorristas y jubilados.
Las protestas recientes se deben al colapso y a la intervención de Ueno Bank —el principal banco digital del país— por parte del Banco Central debido a graves problemas de solvencia y falta de liquidez.
Los manifestantes y sectores de la oposición exigieron la renuncia del mandatario y apoyaron un juicio político en su contra, al señalar vínculos previos del presidente con el grupo que controlaba la entidad financiera quebrada.
Por tal motivo se presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra el mandatario bajo la causal constitucional de mal desempeño de funciones.
Horas antes del debate, su propio partido de gobierno (el Partido Colorado), liderado por el exmandatario Horacio Cartes, le retiró oficialmente el respaldo y anunció que apoyaría el juicio político «para reencauzar la institucionalidad».
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, también exigió públicamente su dimisión.
Según el calendario ordinario de elecciones, los comicios presidenciales se desarrollarán en el primer cuatrimestre de 2028.
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